Olga Roger
Las propiedades de más de un centenar de vecinos de Almardá,
Corinto y algunos del municipio de Canet d´En Berenguer están afectadas por
el deslinde de la costa, que data de 1946, por lo que han decidido
impugnarlo ante los tribunales.
Según explicaba el abogado especialista en temas de costas,
José Ortega, que se va a encargar del caso, se trata de presentar un
recurso contencioso administrativo, con el fin de impugnar judicialmente el
deslinde original realizado en 1946, así como su ratificación en los años
90.
Esta es la primera acción que los vecinos han decidido llevar
a cabo para defender sus hogares, que con el deslinde vigente que establece
el Ministerio de Medio Ambiente, concretamente la demarcación de Costas, corren
el peligro de ser demolidos.
El principal argumento
que Ortega considera fundamental para llevar a cabo la impugnación se
refiere a la falta de notificación oficial a cada uno de los vecinos, informando
de la situación en la que se encuentran sus propiedades. Es decir, no
existe una fase de audiencia pública “por lo que el proceso es completamente
opaco. Es más, al no existir notificación alguna, no prescribe
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el plazo para impugnar, con lo cual se
percibe que la base del deslinde es de barro”. En este sentido, el abogado
en cuestión se muestra tajante y afirma que “los deslindes no se han tramitado
con arreglo a derecho, ya que no se ha avisado a los afectados”.
Además, Ortega cuenta con dos sentencias favorables de la Audiencia
Nacional que anulan el deslinde de la costa.
Por cierto, al cierre de esta edición, LA GACETA ha podido
saber que se están confeccionando ante un notario las listas de los vecinos
afectados, que están interesados en luchar para defender lo que consideran
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de su propiedad. Por otra parte, el
abogado reconocía que l caso tiene la particularidad de que la mayor parte
de los vecinos cuenta con las escrituras correspondientes, las licencias de
obras expedidas por el propio ayuntamiento de Sagunto, además de constar en
el registro de la propiedad. También existe un grupo de vecinos que gozan
de concesiones, por lo que no poseen propiedades.
Por cierto, que el abogado anunciaba a este periódico su intención
de reunirse con la alcaldesa de Sagunto, Gloria Calero, para solicitarle el
apoyo incondicional del ayuntamiento para defender la causa.
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“Si el consistorio apoya a los vecinos afectados, contarían
con un valor añadido a su favor. Lo contrario sería defender unas actuaciones
realizadas en la época fanquista, que nos e ajustan al derecho”, puntualiza
Ortega.
Diversos vecinos confirmaban
a LA GACETA que “estamos dispuestos a llegar hasta el final para defender
lo que es nuestro. No nos van a quitar lo que tanto esfuerzo nos ha costado,
para muchos afectados supondría arrebatarles el trabajo de toda una vida y
eso no lo vamos a consentir, porque pretenden dejarnos sin hogar”
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