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Valencia
Vecinos de Almardà, Corinto y Canet impugnan esta semana
el deslinde de Costas
Los afectados crearán una asociación para defender
sus propiedades de forma conjunta
Los vecinos cuyas propiedades se ven afectadas por
el deslinde de la costa presentarán esta misma semana, de manos de su abogado
José Ortega, una demanda ante la Audiencia Nacional para impugnar la decisión
de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y crearán
una asociación de afectados.
N. GRAULLERA/ SAGUNTO
Los vecinos afectados por el deslinde de la costa en las áreas saguntinas de
Almardà y Corinto, además de Canet, harán efectiva esta semana la
movilización que vienen preparando desde hace alrededor de tres meses.
Según ha confirmado el abogado especialista en la materia que se va a
encargar del caso, José Ortega, esta misma semana presentará una demanda en
la Audiencia Nacional con el fin de impugnar el deslinde que la Dirección
General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente hizo según la ley del 88 y
que ratifica el realizado en 1946.
Según el letrado el deslinde es ilegal porque “incumple los derechos de vista
y audiencia, ya que el expediente no se ha notificado a los afectados, ni
tampoco la aprobación de la Orden Ministerial”. Esto es porque según la ley
anterior, de 1969, la línea trazada sólo tenía efectos administrativos. Por
ello, con la nueva legislación, la ratificación de la línea no se ha
comunicado a los vecinos, a pesar de que ahora sí que afecta a la propiedad
de sus viviendas. En este sentido, según ha indicado el abogado especialista,
“si se hace una ratificación del deslinde anterior la gente no lo impugna
porque desconoce que ahora sí que puede perder la propiedad”.
Según el letrado, la línea del dominio público cruza por las propiedades
particulares, partiéndolas en dos mitades, una de las cuales ya no pertenece
a sus propietarios, sino al domino costero, y la intención de los vecinos es
recuperar esas parcelas, de las que son titulares registrales.
Además, el abogado ha indicado que en caso de no suspender el deslinde
podrían comenzar el derribo de aquellas viviendas situadas en zonas definidas
como dominio público marítimo terrestre, por lo que entonces deberían
comenzar la defensa de cada vivienda por separado, lo que se conoce como
recuperación posesoria.
Ortega lleva alrededor de tres meses manteniendo reuniones con los vecinos
cuyas viviendas se ven afectadas por el deslinde. Según ha anunciado el
letrado, los propietarios están estudiando la creación de una asociación de
afectados con el fin de defender sus derechos conjuntamente, “para ejercer
más presión”. Más de un centenar de personas asistieron al primer encuentro
con Ortega, aunque éste estima que hay alrededor de 200 afectados.
El abogado también ha expresado el malestar de los vecinos ante el anuncio de
un paseo marítimo en la zona. “Los topógrafos estudiaron el sector pero las
administraciones no dan respuesta”, apunta.
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