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ARTÍCULO
PUBLICADO POR J. ORTEGA EN LEVANTE-EL MERCANTIL VALENCIANO EN 09.11.03 |
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EN DEFENSA DE UNA SENTENCIA HISTORICA EN MATERIA DE COSTAS MARITIMAS La ley
es un instrumento de los débiles. Es una de las primeras cosas que escuché en la facultad de Derecho.
Entre el rico y el pobre, entre el poderoso y el débil, la libertad
esclaviza, y la ley libera, decían. Poco después rellené una encuesta.
Preguntaban por qué queríamos ser abogados, y anoté una ingenuidad: Para
luchar contra la injusticia. Veinticinco años después todo sigue igual,
continúo creyendo con la misma candidez lo que me dijeron: La ley es un
instrumento de los débiles. Y también teniendo la misma visión de la
abogacía. Pero la práctica del derecho tiene campos y campos, y ninguno como
el Derecho Administrativo para configurar un conflicto entre un poderoso y un
débil. En este territorio los conflictos siempre reproducen la lucha de David
y Goliath, porque siempre se lucha contra el aparato Administrativo del
Estado, un rival que no sólo es quien fabrica las normas, sino que dispone de
un caudal inagotable de medios técnicos y humanos, y es, literalmente, un
gigante. Frente a ese gigante, el ciudadano que reclama está solo, y su única
arma es la ley, ese instrumento de los débiles. He tenido suerte en esa batalla, al
conseguir la primera sentencia de la Audiencia Nacional anulando un deslinde de la ley de costas
de 1988, y, recientemente, la primera sentencia del Tribunal Supremo
confirmando la anulación de un deslinde. Está bien y resulta constructivo que un puñado de vecinos haya sido capaz de imponer la razón y la ley, pero parece que la sentencia ha caído mal en determinados círculos, según leo en el Levante de 18.10.03. El primer descontento, y esto resulta
coherente, es el propio Ministerio de Medio Ambiente, que trata de restar
importancia a la sentencia, sugiriendo la anulación del deslinde de Oliva por
motivos de forma. El profesor de cartografía ambiental Sr. Martínez, afirma
que la sentencia es preocupante, porque por una coma predominan los
intereses particulares sobre los generales. Dudo que el Sr. Martínez haya
leído la sentencia, y no consigo entender cómo ha llegado a decidir que el asunto
se ha ganado por una coma, pero debería descargar la preocupación a toda
velocidad, porque la decisión no se apoya precisamente en cuestiones
formales. Si la sentencia rechaza que un trecho de acera o una carretera
asfaltada sean playa, como pretendía la Administración, no veo que eso sean
motivos precisamente de forma, sino propiamente de fondo. Es decir, que
simplemente los vecinos tenían razón, y la Administración no. Es así de
simple y así de rotundo. Y, ciertamente, han prevalecido los intereses
privados sobre los públicos, lo que no debería ser motivo de sonrojo en un
Estado de derecho. Incluso el propio
Sr. Martínez goza, entre otras cosas, de inviolabilidad de domicilio:
Sus intereses privados prevalecen sobre los públicos, y no solamente nadie se
pone histérico, sino que así debe ser. Lo mismo sucede a los vecinos de la
playa de Oliva, a quienes el Ministerio de Medio Ambiente pretendía
introducir la servidumbre de protección en el interior de sus casas. No puedo
entender en qué se benefician los intereses públicos si los vecinos de Oliva
tienen medio sofá, medio aparador y dos tercios de su cocina incluidos en una
servidumbre pública cuya función es la protección del dominio público
evitando nuevas construcciones. La decisión judicial tampoco ha gustado al
colectivo ecologista Agró, que al parecer condidera que por el mero hecho de
anular el deslinde, esta sentencia es un ataque a la causa. Bajo mi
punto de vista, hay una diferencia sensible entre luchar por la causa
y hacer ecologismo de salón, es decir, opinar sin saber, y limitarse a aplicar una doctrina que parece tan
compacta y poco flexible como el mismo hormigón de los especuladores y
constructores. En teoría un deslinde costero es un instrumento para la
preservación del medio natural, pero personalmente he visto pocos casos así.
Cuando la playa ya está urbanizada (como en el caso de Oliva), el deslinde
suele servir para invadir la propiedad privada con dudosísimo beneficio de
los intereses públicos. Cuando, por el contrario, la playa es virgen
(Llamémosle así), el deslinde suele ser la punta de lanza de unas obras de
urbanización que incrementan penosamente la presión sobre la playa. El
deslinde de Alcocebre, que conseguí anular junto a mi compañero Jorge Selma,
resultó ser, al menos en parte, un sorprendente e ilegal montaje para
construir un paseo marítimo. El deslinde de Otur, una hermosa playa virgen en
Asturias, que asimismo conseguí anular, era el primer paso de un llamado plan
de ordenación de la playa, que incluía cemento a mantas, bar- restaurante, y
otros servicios. He intervenido en un proyecto de paseo marítimo en el
término de Sueca, que se proyectaba justo sobre un cordón dunar. He aportado
informe de ingeniero con propuesta alternativa de un paseo marítimo
ecológico, de simples módulos de madera que circulen sobre la duna,
adaptándose a ella, y desde luego sin destruirla. La alternativa no fue
aceptada, quizá porque no contenía el suficiente cemento. Así que si Agró
piensa que la Administración de Costas es la salvaguarda de las playas es que
no saben en qué mundo viven. Personalmente
creo que la mejor forma de proteger las playas vírgenes (llamémosles así) es
mantener alejada a la especie humana, y me aburre el presupuesto intelectual
implícito en la hiperactividad constructiva y cementera de la Administración
de Costas: El de que las cosas valen en la medida en que el homo sapiens
puede aprovecharse de ellas, un residuo persistente de la manía de la
Ilustración, que se empeñó en hacer del hombre la medida de todas las cosas. No debo consentir que se desprestigie esta
sentencia ni se frivolice con ella. Considero que hay que celebrarla como un
triunfo de la sociedad frente al Estado, y que acredita que los derechos no
son palabra muerta, sino que cuando el ciudadano decide ejercerlos, puede
llegar lejos. Esta sentencia nos enseña que al más solitario de los
ciudadanos, si esgrime con habilidad y razón el arma de la ley, nadie puede
toserle, ni siquiera el aparato del Estado, con su legión incontable de
funcionarios, asesores jurídicos y medios materiales. Y debería entenderse
que ahí radica la grandeza del Estado de derecho. Para este ciudadano,
enfrentado al gigante del Estado, la ley es su arma. La ley es un
instrumento de los débiles. José Ortega Ábogado, colegiado núm. 4941 |