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L A B
O G A
D O Y
E L M
A R José Ortega © 2007 LA
CIUDAD CONDENADA
O
EL
EXTRAÑO CASO LABARGA
EL CORREDOR DE LA MUERTE El
entorno era soberbio. Diecinueve torres junto al mar, en total ochocientos
apartamentos, algo así como dos o tres mil habitantes. En los bajos,
comercios y restaurantes. Toda una pequeña ciudad en una estrecha cinta
paralela a la playa. Toda una ciudad en una estrecha cinta paralela a la
playa. Toda una ciudad cuyo destino era ser dinamitada, echada al suelo y desaparecer. La decisión
está firmemente tomada por la Dirección General de Costas, ratificada por la
Audiencia Nacional y confirmada por el Tribunal Supremo. Estos edificios, que están ya en el
corredor de la muerte, esos hogares condenados, esa ciudad destinada a ser borrada
de la memoria, es la que me pidieron
que salvara. Ya no quedaba un solo trámite que hacer, ni un recurso que interponer, excepto el de
amparo, sobre el que apenas había esperanzas. La sentencia estaba dictada, y,
por así decir, las máquinas calentaban
motores, los artificieros preparaban la dinamita y todo había terminado. No
había nada que hacer. Ochocientas familias que habían comprado con esfuerzo y
paciencia sus viviendas de veraneo, iban a quedarse sin ellas. Y sin embargo los habitantes de la ciudad
condenada se negaban a rendirla. En un pasaje de la adaptación cinematográfica de El Señor de
los Anillos vemos una ciudad de los hombres,
acosada por un ejército de criaturas de la tierra, negras y crueles,
de dientes afilados y ojos inyectados en sangre. Solo un puñado de hombres
tras los muros de la ciudad asustada, y un niño, que también ha preparado su
espada, se lamenta a uno de los
defensores: Todos dicen que no tenemos esperanza. El defensor guarda silencio
mientras examina con atención la espada del niño y, después de una pausa
reflexiva, concluye con una frase simple, pero rotunda: siempre hay
esperanza. Este tipo de metáforas encierra el
peligro de llevar el debate a un extremo irreal, y así considerar a la Administración tan
corrompida en sus designios como el ejército de los orcos, y a los vecinos
como espejos de florida virtud. Es evidente que no es así, pero con el paso
del tiempo, al comprobar la incapacidad de la Dirección General de Costas
para concebir cosas como los derechos individuales, y a sabiendas del exceso,
he llegado a representarme la defensa de los vecinos como la lucha entre un
ejército de hombres de carne y sangre contra otro formado por especie de
robots, metálicos e insensibles, con
circuitos eléctricos en vez de alma, fórmulas matemáticas en lugar de
lenguaje y runruneo mecánico en lugar de pensamiento. Y el caso de la ciudad condenada no era
precisamente el peor. Siempre hay esperanza. Los defensores de la ciudad lo creían así,
sobre todo por necesidad. Para ellos había sido decepcionante perder pleito tras pleito y ver cómo se iban al
diablo unas viviendas que se habían construido con escrupuloso respeto a
todas las normas, y que les habían costado un buen dinero y no pocos
sacrificios. Primero se enfrentaron a la perplejidad de que algo así pudiera
pasar, y que les pasara a ellos. Después a la evidencia de que los recursos
prácticamente se habían acabado, y por tanto al abismo. Siempre hay esperanza. Bajo esa consigna, dejando al margen al
gran bufete de Madrid que había llevado el asunto, buscaron una solución extraordinaria. Aún y así, los defensores de la ciudad aún
no estaban convencidos. La fuerza de la desesperación, ese coraje rebelde de
los desahuciados, que a veces aflora incluso en personas sin temple cuando se
ven acosadas, los impulsaba a no
resignarse, a seguir buscando. La imagen de los edificios viniéndose
al suelo por efecto de los barrenos era demasiado intolerable. Demasiado
inconcebible. En cierto sentido, era una imagen irreal, como escapada del cómic,
o del cine. Algo procedente de una especie de universo paralelo, a la que no
se podía permitir entrar en el universo real.
PRIMER ENCUENTRO Yo acababa de conseguir una
importante sentencia del Tribunal Supremo confirmando la anulación del
deslinde de la playa de Otur, y había publicado en
prensa un artículo llamado Costas Marítimas: la victoria de los ciudadanos.
El artículo llegó a las manos de los responsables de la asociada de vecinos,
que eran como el puñado de defensores de la ciudad condenada, y me llamaron. Estoy acostumbrado a los asuntos difíciles,
les dije. Si fuera médico, podría decir que los enfermos que me traen son
todos moribundos. Pero en esta ocasión la imagen se quedaba corta. El enfermo
que me traían no era ya un moribundo, sino un
moribundo que se acaba de lanzar de un avión sin paracaídas y además
se ha tomado una cucharada de cianuro. Aún así no dudé, ni di el asunto
por perdido antes de saber más. Aunque el Tribunal Supremo hubiera dicho no,
alguien, en alguna fase del expediente, podía haber cometido un error. De
hecho, los jueces dictan sus sentencias en función de las demandas que les
son presentadas, por lo que sus decisiones sobre el deslinde de Arenales del
Sol no significaban que el deslinde fuera perfecto, sino que las demandas
podrían haber sido desacertadas y no haber denunciado algún vicio de
procedimiento. Y nada más. Así que sentía curiosidad por saber si podía conseguir que la enfermedad de aquel
moribundo que me habían traído remitiera, se abriera el paracaídas y el
enfermo vomitara el veneno.
Me reuní con mis nuevos clientes un día de octubre de 2005, en un restaurante de la propia ciudad
condenada. Pero, como suelo hacer, antes había procurado informarme. Leí y estudié
las numerosas sentencias dictadas sobre
el caso, no solo las originadas por reclamaciones de la asociación de
vecinos, sino también a demanda de otros propietarios que habían formulado
recursos por su cuenta, y del Ayuntamiento de Elche, en cuyo término estaba
(y continúa estando en el momento en que escribo) la ciudad condenada. En
estas sentencias comprobé hasta qué
extremo la empresa era difícil, pues todas y cada una de ellas
coincidían en una declaración de hechos probados que era como el gancho de un
campeón del mundo del peso pesado en la mandíbula de un oponente flacucho:
Los edificios se habían construido sobre la arena de la playa. Una y otra vez
se repetía este dato que hacía ya imposible toda rebeldía. Para hacerlo aún peor, algunas defensas
fueron poco afortunadas, algo con lo que acostumbro a encontrarme. En varios
casos se había reconocido el hecho de que las viviendas se habían construido
sobre la playa. Una de las demandas había propuesto esa estrategia tan
demencial como es reconocer que las viviendas estaban encima de la arena,
y pretender sacar algo denunciando que
también lo estaban los terrenos situados más al interior, que sin embargo
habían escapado a la calificación de dominio público. Es un tipo de defensa
errática, con la cual no se sabe qué se quiere conseguir. Se trata de una
fórmula envenenada, a la que podríamos llamar la fórmula del sí pero. Sí, es cierto que hay arena, pero también la hay en otras partes que
no están dentro de la delimitación. Sí, es cierto que llegan los temporales, pero también llegan a la casa de mi
vecino, que se ha quedado fuera de la
delimitación. Sí, es cierto que las olas me entra en
casa, pero es porque usted no ha
regenerado la costa, porque un puerto
causa regresión marina, porque la desaparición de los algares
perjudica el equilibrio de la playa. Los abogados, atónitos ante los
amplísimos poderes que la ley da a la Administración para situar la ribera
del mar, acuden a diario a estas
fórmulas, que son todas ellas fracaso seguro, no porque sean
ineficaces, que lo son, sino especialmente porque implican un reconocimiento
de hechos que releva a la Administración, muy gentilmente, de todo esfuerzo
probatorio. Decir sí pero implica
decir sí. Y desde que lo hacemos
estamos comprometidos, o, mejor, perdidos.
Después del sí, los peros no importan. Los peros a la derecha son, por así decir, como ceros a la
izquierda.
Lo peor es que estas fórmulas no se limitan a que abogado y
cliente pierdan el pleito, sino que,
al afectar el deslinde a un colectivo, perjudican gravemente a otros abogados
y otros vecinos. De nada servirá que el Abogado A se esmere en poner en duda
las pruebas aportadas por la Administración (eso es lo que hacen los
abogados) si el Abogado B se le ha adelantado con ese regalo navideño que es
la fórmula del sí pero. En fin, que las defensas descaminadas habían
sido más letales para los vecinos que el más torvo jefe de costas rumiando en
la penumbra el modo de amargarles la vida.
Por tanto, todo lo que leí en aquellas sentencias parecía cerrarme las
puertas sin una grieta sin un resquicio por el que colar una defensa de
última hora. Pero, junto a ello, también hubo algo que me llamó la atención, algo que desde el
primer momento me pareció raro y que ni me encajaba ni me convencía. Algo que
ya desde entonces me había resuelto a investigar.
El presidente de la asociación de vecinos era un hombre joven, metido
en el mundo, profesor de Macroeconomía en la Universidad de Alicante,
aficionado a la buena conversación y abrumado por una fuerte perplejidad intelectual
ante el devenir de los acontecimientos en Arenales del Sol. El tesorero, un
banquero prejubilado, serio, taciturno, delgado y con ese aspecto inofensivo
y confiable de los buenos empleados de banca. Más tarde conocería al
secretario, joven y vital empresario con excelente humor,
inmejorable cordialidad y un carácter emprendedor de buen comerciante. Otro
miembro de la junta directiva, era un empresario entrado en años con aspecto
de buen hombre mediterráneo. El presidente anterior había fallecido a
causa de un infarto, y todos estaban convencidos de que la amarga lucha por
las viviendas había tenido mucho que ver.
Los defensores de la ciudad condenada estaban experimentando su
desventura como un drama muy vivido y muy sufrido por dentro. Me enteré de que en la asociación
había dos pareceres. Unos querían buscar una solución donde fuera, incluso
con un francotirador como yo, mientras que otros deseaban permanecer fieles
al mismo bufete que había estado llevando el asunto. La junta directiva estaba
en el primer grupo, pero necesitaba argumentos bien fundados para entregarle
a un desconocido el asunto que hasta entonces llevaba un despacho de
renombre. Hay perros con pedigrí, que frecuentan la peluquería canina y
perros callejeros, despeinados, de raza dudosa y sin historial edificante. Si
en vez de ser personas fuéramos perros, los catedráticos y abogados que
habían intervenido en el asunto tendrían pedigrí certificado, y yo, aunque no
tengo pulgas, sería el chucho de la calle. Difícil, por tanto, triunfar donde
otros mucho mejores habían fracasado.
EL DRAMA DE LOS ARENALES DEL
SOL Durante la comida me enteré de la
dramática historia de Arenales del Sol. En los años setenta los propietarios
de los terrenos, pensando en construir, pidieron un deslinde de la zona
marítimo terrestre, que se resolvió en 1974. A partir de ese momento, y con
todas las bendiciones legales, construyeron el complejo residencial más allá
de la línea de deslinde, en terrenos cuyo carácter privado era ya
incuestionable. De hecho, algunos pidieron a la jefatura de costas
autorización para construir, y obtuvieron la lógica respuesta de que no había
nada que autorizar, pues los terrenos habían quedado fuera del terreno
público. Sin embargo, el deslinde tramitado con
posterioridad, después de la ley de costas de 1988, había declarado dominio
público toda la zona ocupada por los edificios, y ello con carácter
retroactivo, aludiendo al carácter que habían tenido los terrenos no en el
momento de tramitar el deslinde, sino
veinte años atrás, antes de la aprobación del anterior. Tuvo que
acudirse a esta extraña fórmula de retroactividad, puesto que era evidente
que los terrenos, en el momento del segundo deslinde, ya no eran una playa,
sino una ciudad. Yo ya conocía algunos casos de zonas declaradas dominio público en deslindes antiguos, que
posteriormente se habían ido colonizando, hasta dar lugar a esos fastidiosos
divorcios entre el Derecho y la realidad: una ciudad que es una playa, o
viceversa. Pero era la primera vez que me enfrentaba a la situación
contraria: una ciudad levantada en terrenos que no son dominio público y que
se declaran como tal después de acabada la obra. Nuevo divorcio entre la
realidad y el derecho, pero bastante más grave. Y más raro.
Los abogados que habían llevado el asunto habían perdido todos los
pleitos, quizá víctimas de una confianza más que entendible en la doctrina
judicial imperante hasta aquel momento, y puede que de forma muy marcada, en
la doctrina judicial de la sentencia que yo mismo obtuve en el deslinde de Oliva (tramo sur),
lo que es más que probable, ya que son escasísimas las sentencias que en
España han anulado un deslinde de la
ley de costas de 1988, y por tanto los precedentes en los que basar una
defensa.
Mi sentencia de Oliva reprochaba a la Administración haber puesto
mojones encima de una acera, y haber incluido dentro del dominio público un
camino asfaltado. Con esto, los jueces estaban diciendo que los terrenos así
configurados han perdido ya su primitivo carácter de zona marítimo terrestre
o playa. Es decir: una acera no es una playa, y tampoco lo es una carretera. Poco después, en las sentencias de Arenales
del Sol, los mismos jueces habían decidido lo contrario hasta el extremo de
declarar dominio público terrenos constituidos no ya por una simple acera,
sino por toda una ciudad. El Tribunal Supremo tiene dicho que los cambios de
criterio de los jueces, mientras sean unánimes y den curso a una corriente
interpretativa clara, no atentan
contra la seguridad jurídica ni contra ningún otro derecho, así que era
preciso aceptar la nueva situación. Pero desde luego, esto puede explicar que
los abogados que me precedieron se
convencieran de que iban a ganar el caso. A mí me hubiera pasado igual de
haber recibido el encargo de defender lo que ya era una ciudad. Habría
comparecido en la Audiencia Nacional más o menos confiado, con mi sentencia
de Oliva como arma principal, y me habría llevado un bofetón histórico.
Pero el carácter retroactivo del deslinde no era porque sí. Se basaba
en una cuestión de hecho que era justamente aquella que desde el principio me
había parecido rara: Que el deslinde anterior era incompleto, porque había
deslindado solo la zona marítimo
terrestre y no la playa, y eso justificaba que el nuevo entrase a delimitar ésta última, e
incluyera así las viviendas, que pretendidamente se habían construido sobre
la arena. Por tanto, el deslinde reciente, de 1997, justificaba su agresiva
(y retroactiva) entrada en la propiedad privada como especie de subsanación de
defectos y deficiencias del anterior. El mismo extraño argumento lo repetían
todas y cada una de las sentencias, y todo eso no me convencía. Yo había
trabajado en la Administración y fuera de ella con deslindes de la ley
antigua, y no solían ser defectuosos
ni olvidar la playa. En la ley de costas de 1.969 las playas ya estaban
consideradas dominio público, lo mismo que la zona marítimo
terrestre, así que simplemente no podía imaginarme un deslinde que hubiera
olvidado delimitar la playa, como si sus responsables se hubieran vuelto
tontos de repente.
Durante la comida tuve ocasión de escuchar una teoría sobre el origen
del problema: La teoría de la conspiración. La explicó extensísimamente
cierta persona (que era su autor y al mismo tiempo el único que creía en
ella), y versaba sobre chantajes, alta política, grandes negocios frustrados
y una venganza personal. Observé que el conferenciante tendía a divagar y a
construir mundos virtuales con tan poca consistencia como esas frágiles
pompas de jabón de las que hablaba Machado. Y sobre todo estaba
convencidísimo de lo que decía. Era el típico afectado obsesionado que trae
consigo una carpeta llena de documentos históricos, la mayoría de ellos
inútiles, y que analiza la realidad con cierto desenfoque. Al cabo de un rato
me di cuenta de que estaba perorando. No era así como Arenales del Sol iba a
salvarse. Puede que aquel caso necesitara una labor de detective, pero no
precisamente en el estilo de videojuego que sugería el autor de la teoría de
la conspiración, con un paisaje de alta investigación propia del agente 007,
incluyendo alguna chica Bond (a la que, en cierto
modo, también aludió el interesado). El caso requería a Hércules Poirot, o acaso al comisario Brunetti.
Por lo demás, recibí muchas preguntas, y
la principal era si yo pensaba que el
caso tenía defensa. Advertí que las reiterativas y unánimes declaraciones de
hechos probados de los tribunales nos condicionaban terriblemente, porque
impedían que pudiera revisarse o replantearse la principal cuestión de hecho,
es decir, si las viviendas habían sido construidas o no sobre la arena. La
única forma de atacar el deslinde era buscar un error grave que afectase al
procedimiento administrativo, algo que yo sabía que no era imposible, más
bien al contrario, si debía juzgar por mi experiencia. Y para eso tenía que
estudiar el expediente, solo entonces estaría en condiciones de dar una
opinión. Así que, conspiraciones
aparte, todo dependía de lo que yo fuera capaz de encontrar en los legajos.
EL ALMA DEL GIGANTE Sin embargo, el día en que viajé a Alicante
a ese fin, mi objetivo principal no
era la carpeta que contenía el deslinde en cuestión, sino otra distinta,
justamente la del deslinde anterior, al que con tanta unanimidad se acusaba
de defectuoso. Como en otras ocasiones, en lugar de enfrentarme directamente
al gigante, iba busca de su alma, que estaba fuera de él, oculta en algún
rincón que yo debía encontrar. Es lo que hizo Odiseo
al verse atrapado en una cueva con un cíclope de tres metros, caníbal y
muerto de hambre: No plantarle cara, sino buscar un rodeo para sobrevivir.
El motivo por el que quería ver el expediente anterior era simple: quería comprobar
si era cierto que se había tramitado de forma tan incompleta como se decía, y
que, efectivamente, los responsables hubieran sufrido trastorno mental
transitorio hasta el extremo de haberse olvidado de la playa. Y allí estaba, en la Jefatura de Costas de
Alicante, sentado, expectante en mi demanda de lo imposible, en mi búsqueda
de la llave que me permitiera salvar contra pronóstico la ciudad condenada. Y
para eso debía ser ante todo un detective eficiente, y triunfar donde los
mejores expertos del país habían fracasado, aspiración por lo demás
presuntuosa, pero qué le vamos a hacer. No le tenía miedo a nada. Cuando estaba en la facultad no
esperaba llegar a vivir aquellas sensaciones. El Derecho siempre me había
parecido una lata, algo así como un conflicto permanente, un paquete de cosas
anodino y de color gris, sin el menor interés. En mi aburrido aprendizaje
había debido reclamar judicialmente el pago de cheques y romperme la cabeza
con las abstracciones de la letra de cambio y las sutilezas de la acción
cambiaria. Y no solo encontraba que
una vida dedicada a eso era una plasta, sino que temía que iba a ser así para
siempre.
Y sin embargo aquel día de otoño estaba mirando aquella carpeta
gastada, de color caramelo con la curiosidad de un científico al borde de un
nuevo descubrimiento, la excitación de
un cazador que tiene a tiro a su presa y la pasión de un pirata ante el mapa
de un tesoro. Estaba dispuesto a rastrear cada punto y cada coma, con esa
curiosidad fatal que condujo al primate hasta el homo sapiens,
en manos del pensamiento. En algún rincón más o menos remoto de aquella
carpeta debía estar el alma del gigante. Así que me preparé para una larga
búsqueda. La abrí, leí el primer párrafo de la primera
página. Estaba allí. El secreto, la gran solución, la fórmula. Tan simple y
tan a la vista. Nada de buscar fatigosamente durante horas, nada de
interpretar datos dudosos ni de darle vueltas y vueltas a páginas
apergaminadas. Fue como prepararse para la pelea con un contrincante que de
pronto se da a la fuga, como ganar una batalla sin disparar un solo tiro. La
Orden Ministerial aprobatoria del deslinde de 1974, ése al que se tachaba de
incompleto por haber olvidado la playa, decía con una claridad meridiana que
el deslinde era de la zona marítimo terrestre y de
las playas. Sin más. El deslinde anterior no era incompleto, sino
completo, y por tanto la Orden Ministerial aprobatoria del deslinde de 1.997,
que condenaba a Arenales del Sol, se apoyaba en una gran mentira, y la Administración no
solo había engañado a los vecinos, sino también a los jueces, haciéndoles
creer que aquel deslinde de 1.974 delimitaba solo la zona marítimo terrestre,
y los había hecho caer en el ridículo al fundamentar sus sentencias en hechos
completamente falsos. Realmente las proporciones del engaño eran
monumentales, pero lo que más me maravilló fue haber encontrado lo que podía
ser la solución del enrevesado problema de una forma tan rápida. Los vecinos
llevaban más de diez años defendiéndose y formulando recursos, pero no habían
revisado aquel expediente porque se
fiaban de la buena fe de la
Administración, sin sospechar que ésta les estaba mintiendo en escritos con
sello y membrete oficial. Y yo, en cambio,
había tardado como diez segundos, el tiempo preciso para darle la
vuelta a la cubierta y leer el primer párrafo del primer documento, como si
todo el tiempo aquella declaración hubiera estado allí, clara y contundente,
impaciente por que alguien la descubriera. Todo lo que leí a continuación no fue más que una
confirmación de lo anterior. El expediente antiguo no solo deslindaba la
playa, sino que era un procedimiento modélico, en el que se amojonó la zona
marítimo terrestre con mojones que tenían escrita la expresión MT, y la playa
con otros mojones que estaban identificados con una letra P. Lo nunca visto
en precisión y profesionalidad. Era el deslinde de la ley de 1969 mejor hecho
con el que me había encontrado nunca.
Apenas podía entender qué especie de locura era la que había llevado
al Director General de Costas a la extraña
afirmación de que era incompleto, y de que había olvidado delimitar la playa.
Pero así era, todo un complejo montaje, con unas consecuencias dramáticas,
basado en algo que no era cierto. Tenía, pues, lo que necesitaba. Pero
entonces dejé a un lado aquella especie de Santo Grial en que se había
convertido el procedimiento de 1974, y puse delante de mí la carpeta que
contenía el más reciente. Nada de triunfalismos, nada de exceso de confianza,
y nada de enfermar de teoría. Lo que había encontrado podía estar bien para
dar una conferencia o escribir un artículo, y en cambio ser insuficiente para
ganar un pleito. Como estaba en el duro mundo real, y todo lo que argumentara
debía ser aceptado por los jueces, sabía que lo importante no era presentar
una fórmula ingeniosa, sino ganar el asunto. No me bastaba con dar, como
perrito juguetón, dos o tres empellones al contrario y dejarlo atontado:
necesitaba acabar con él siguiendo la consigna de Robert
de Niro en El
Cazador : Un solo disparo.
EL MISTERIO DE LABARGA TEJADA
Por eso abrí el otro expediente, el reciente, para buscar nuevas causas de nulidad. Y las
encontré. O más bien encontré datos cuya interpretación fui madurando en los
días que siguieron, hasta convencerme de que podían ser fórmulas de
impugnación. El procedimiento era muy
antiguo y se había tramitado durante muchos años. En ese tiempo había sido sustituida la ley
de procedimiento administrativo por otra nueva, y también las leyes y
reglamentos de costas. Los responsables de la tramitación, por pura mecánica,
y creo que de forma inconsciente, habían venido adoptando las nuevas normas
de procedimiento, de forma que el expediente se había seguido en una fase
según unos preceptos y en otra fase
según otros distintos. Esto está prohibido por el ordenamiento jurídico, y en
teoría ahí tenía un nuevo triunfo, pero de nuevo la diferencia entre teoría y
práctica: Cierto que está prohibido, pero cierto también que la simple
vulneración de la prohibición, sin
más, no conduce a nada. Para que se anulen las actuaciones es preciso que el
empleo de la norma de procedimiento incorrecta haya producido distorsiones
concretas con consecuencias prácticas
Y esas consecuencias y distorsiones efectivamente se daban. Por tanto,
no solamente había encontrado el motivo de nulidad en el que desde el
principio había estado pensando (el relativo al deslinde anterior), sino dos
motivos más.
Hojeando el expediente también me enteré de ciertos detalles que
hacían de aquel deslinde un caso único. La propuesta inicial se limitaba a ratificar el anterior de
1974, y por tanto discurría mansamente al pie de los edificios. Sin
conflictos y sin aventuras. Su autor era el jefe de Costas de Alicante, el
Sr. Paton. Así que en el inicio todo estaba
destinado a desarrollarse sin
problemas, respetando los edificios y naturalmente sin oposición y sin ningún
tipo de conflicto social. Todos estaban contentos, la Administración y los
vecinos. Pero se produjo un incidente inesperado que no solo iba a dar al
traste con aquel idilio, sino que también iba a transformar el caso de
Arenales en uno de los más conflictivos de la historia, e incluso a dar
fundados motivos para que los Tribunales dieran lugar a aquel brusco giro en
la interpretación de la ley de costas. Por tanto, un incidente que no se
limitó a transformar la vida de los vecinos en un infierno, sino que tuvo el
dudoso mérito de arruinar la de muchas otras familias, en otros momentos y en
otras playas.
La ley de costas de 1969 establecía una comisión de deslinde, formada por todos los ministerios y
organismos afectados junto al jefe de costas. Todos ellos debían aprobar la propuesta de deslinde más o menos de
común acuerdo. De esa comisión debían
formar parte el Ayuntamiento, el Ministerio de Defensa, el competente sobre
la navegación marítima y sobre el turismo. El día del reconocimiento sobre el
terreno, al que debían asistir los representantes de todos aquellos
organismos, se presentó en el lugar un ingeniero que decía representar al
Ministerio de Obras Públicas, pero que no pertenecía a la Demarcación de
Costas. Se llamaba Labarga Tejada, y se le admitió
en la comisión sin aparente problema, lo que ya es raro. Pero Labarga Tejada tenía preparada una sorpresa. El confiado
ingeniero jefe Paton
había elaborado la propuesta inocua que he mencionado arriba, con una línea que ratificaba la anterior, y
por tanto respetaba las viviendas, pero Labarga
soltó la bomba. Tomó la palabra y expresó su parecer de que en tiempos
anteriores la zona de materiales sueltos, es decir, la playa, se prolongaba
hacia el interior, donde en aquel momento estaban las viviendas. He trabajado
en muchos deslindes de costas y nunca había visto nada igual. Los miembros de
la comisión pueden hacer
observaciones, pero simplemente no osan oponerse a la propuesta de
deslinde elaborada por la Demarcación de Costas. Pero allí estaba, un señor
que ni siquiera formaba parte de la comisión desafiando la propuesta oficial. Creo que la cosa no habría pasado de mera anécdota de
no ser porque la observación de Labarga Tejada iba mucho más lejos de un simple comentario para el debate. Su actitud
obedecía a una decisión firme y a un plan bien definido: el de impedir que se
aprobase la propuesta del ingeniero jefe y trasladar la línea al interior. Y
lo creo así porque al día siguiente el Sr. Labarga
entregó al jefe de costas un plano con la delimitación alternativa que él
proponía, que, en efecto, englobaba la totalidad de las viviendas en el DPMT,
poniendo de esta manera la semilla del gran conflicto jurídico y social en
que se ha convertido el deslinde de Arenales del Sol. (continuará) |
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