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PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS. ARTÍCULOS DE OPINIÓN LA LEY DE
COSTAS Y LA POSTCIVILIZACIÓN La fundación en Valencia de una
plataforma nacional de afectados por la ley de costas es una buena noticia en
sí, porque indica que aún están por cumplir los objetivos de trocarnos de
ciudadanos en títeres. Una sociedad capaz de reaccionar ante la ignominia es
una sociedad viva. Una que se deja hacer está en proceso de descomposición. Así
que enhorabuena para todos. La aplicación de la ley de
costas se ha transformado en muchos casos efectivamente en ignominia. Los fusilamientos
sumarios, los consejos de guerra y las fosas comunes son cosas del turbio
siglo XX. Lo que prevalece hoy en
crímenes de Estado es hacer polvo a la gente con manipulaciones y sutilezas envueltas
en una delicada apariencia de legalidad e impregnadas en un aroma de retórica
democrática, como verán en seguida. En contra de lo que se está
diciendo, los problemas que denuncia la plataforma no se reducen a los
derribos. Este modo de entender la cuestión pone de uñas a un sector social
que considera a los propietarios de la primera línea como unos privilegiados a
combatir, aunque vayan en alpargatas y aunque la casa, heredada de un bisabuelo,
se venga abajo. Vean: La ley de costas
introdujo la importante novedad de que la simple aprobación del deslinde por
decisión administrativa extingue la propiedad privada, sin que sea precisa,
como antes lo era, la intervención de un juez. La competencia pertenece al
Ministro, pero hace mucho tiempo que está delegada
en el Director General de Costas, normalmente un ingeniero de caminos. Luego
para empezar, usted pierde su propiedad por decisión de un ingeniero de
caminos, es decir, de un lego en derecho. Cuando la ley pasó por el Tribunal Constitucional acusada de causar
una expropiación sin indemnización, el Tribunal declaró que se trataba más
bien de una expropiación con una indemnización en especie, donde la
indemnización consistía en una concesión por treinta años prorrogables por
otros treinta, para que los antiguos propietarios pudieran permanecer en sus
casas a título de concesionarios. El Tribunal además amplió los casos en los
que podía recibirse esta concesión, proponiendo una interpretación amplísima
y generosísima de la ley como único medio de no declararla inconstitucional.
Nos encontramos, pues, ante un auténtico pacto social para hacer compatible
el carácter público de las costas con el respeto a la propiedad privada. Pero con este panorama la ley
de costas se transforma en inútil, porque no sirve para limpiar las playas, o
gran parte de ellas, ya que las viviendas permanecerán aún durante sesenta
años, y paisajísticamente es indiferente que sean
propiedad o concesión. Quizá por esto la Dirección General de Costas ha
inventado un atajo de lo más simple: consiste en hacer caso omiso de toda
petición de concesión que le entra, o al menos esa es mi experiencia (hace 25
meses que espero que me digan algo de la primera que presenté). Con esto
fuerza a los ciudadanos a un penoso y caro procedimiento judicial que puede
durar diez años o más en todas sus instancias, incluso aunque el reglamento
de costas dice que si los interesados no solicitan la concesión, se otorgará
de oficio, siendo el único modo de que no se otorgue la renuncia expresa. La concesión es el justiprecio
por una expropiación ¿Aceptaría la sociedad que el Estado expropiase los
terrenos para el trazado del AVE sin pagar el justiprecio? ¿No sería esto
motivo de escándalo? ¿No deberían dimitir los responsables? Esto es
justamente lo que está sucediendo con la política de costas: Se arrebata la
propiedad pero no se paga el justiprecio. La Administración opone como
motivo la carencia de medios para tramitar tantas solicitudes de concesión, como
si eso fuera lo que llaman los ingleses un hecho de Dios, pero la disculpa evidencia
una realidad más bien tenebrosa: que el Estado está dedicando el cien por
cien de sus recursos humanos y materiales a remeter al interior la línea de
deslinde y el cero por cien a compensar sus efectos. Creo que esta Dirección
General de Costas, que se ufana de haber deslindado tantísmos
kilómetros en tan poco tiempo, habría hecho mejor en dedicar algo así como el
cincuenta por ciento de los recursos a hacer deslindes y el otro cincuenta
por ciento a compensar los perjuicios. De esta manera podría también ufanarse
de no pisotear los derechos de los ciudadanos. Esto no es todo. Durante una
entrevista que tuvo la amabilidad de concederme en el mes de junio, el
Director General de Costas me trasladó su intención de rescatar las
concesiones una vez otorgadas, puesto que el uso de vivienda está prohibido
en el dominio público. Es cierto, pero la propia ley de costas establece la
excepción al decir que la concesión se dará con el mantenimiento de los usos
existentes hasta ese momento. Y si los usos son de vivienda, lo seguirán
siendo. Dicho por la ley y ratificado y ampliado por el Tribunal
Constitucional, así que no hay duda Por lo tanto, sepan ustedes que vivimos en
un país en el que un ingeniero de caminos, canales y puertos, con su
particular visión de hechos indiscutiblemente jurídicos, está llevándole la
contraria a tan alto tribunal. Y por desgracia no es cualquier ingeniero: es
el que decide. Es curioso que la compensación
por la expropiación se pueda expropiar a su vez, pero así es. Por cierto,
que, según las previsiones del Director General, la expropiación del
justiprecio también tiene un justiprecio, lo que quiere decir que está
dispuesto a pagar los rescates de las concesiones, pero abonando solo el
valor del ladrillo, porque, según dijo, el suelo es público. Por lo tanto, si
se ven en esta situación y tienen la desgracia de haber contraído una
hipoteca, después de recibir la calderilla que piensan pagarles, ustedes se
quedarán sin vivienda pero deberán devolver el préstamo al banco,
posiblemente mientras viven debajo de un puente, porque no creo que les
queden ya recursos para comprarse otra. No se me ocurre ninguna
comparación histórica ni política para esta situación. No se la puede tachar
de gestión africana, porque es demasiado sofisticada, ni de dictadura
militar, porque los ingenieros visten de paisano, ni de tiranía ilustrada,
porque la única ilustración de sus autores versa sobre el teorema de Bernouilli. Pero constituye la moderna ignominia, basada
en la retórica democrática y en la apariencia de legalidad para conseguir
cualquier fin sin reparar en los medios. Disculpen si invento un término
para referirme a ello. Lo voy a llamar postcivilización, porque
supone una descomposición del sistema democrático y una deriva hacia algo que
no es exactamente la barbarie, y que se parece más bien a un mundo que tiene
parte del 1984 de Orwell y parte del Proceso de Kafka.
Algo a lo que ya no podemos llamar civilización. Como ven, el problema va más
allá de que unos propietarios enfadados protesten la pérdida de sus casas.
Queremos fomentar un debate público sobre la aplicación de la ley de costas,
no perder el tiempo con análisis de encefalograma plano. Y no estoy dispuesto
a admitir este reduccionismo simplón que solo sirve
para ocultar los verdaderos problemas. Personalmente me caben dudas de
que España conserve la debida capacidad de autodepuración
para corregir por sí males y errores tan enquistados como la política de costas,
y por eso he aconsejado a mis clientes que presenten su queja en Bruselas, aunque antes se deje caer aquí, por respeto y
por método. Tengo curiosidad por saber qué opinan en la Unión Europea de una postcivilizada España donde lo que priva es la
expropiación sin indemnización, y en la que un único ingeniero de caminos,
canales y puertos, además de permitirse
la alegría de prevalecer sobre el propio Tribunal Constitucional, tiene
potestad de decidir si los ciudadanos, en especial los comunitarios, se van a
quedar pasando la mano por la pared. José Ortega Abogado, joseortega@costasmaritimas.com
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