E L A B O G A D O Y E L M A R

© José Ortega, 2007

NO MÁS PAELLAS

(MUESTRA DEL CAPÍTULO)

…La familia acudió en varias ocasiones a hablar con la jefa de costas, que les dio la oportunidad de no pasarles los costos del derribo siempre y cuando no se opusieran. En caso contrario, los gastos correrían de su cuenta. Es decir, que les estaba ofreciendo dinero a cambio de que renunciaran a ejercer los derechos que la ley les reconoce. Creo que eso tiene un nombre.

La familia evidentemente no aceptó la oferta, y como castigo se encontraron con una carta de la jefa de costas en la que se les daba traslado del presupuesto de derribo elaborado por el ingeniero de la casa Jaime Almenar, por valor de más de 83.000 euros. Formulé alegaciones acompañando un informe alternativo de otro ingeniero, que reducía la cantidad aproximadamente a la mitad, pero más tarde la propia familia encontró a una empresa que hacía el trabajo por 8.200 euros, es decir, diez veces menos que lo prespuestado por la Demarcación de Costas. Poco después, la familia recibió una carta en la que se decía que había quedado aprobado el presupuesto de 83.000 euros, que el presupuesto alternativo podía servir a los interesados, en todo caso, para derribar por su cuenta, y que les daba un plazo de diez días para abonar la cantidad, remitiéndose el expediente en caso contrario a la vía de apremio.

Sí, sí. Les fabricaron un presupuesto más que inflado y les coaccionaron exigiéndoles el pago inmediato solo para socavar su voluntad de resistencia y hundirlos psicológicamente. Lo que pretendían por cualquier medio era que la familia dejara de defenderse, que se portaran como esclavos, como marionetas, como autómatas, como siervos, y que renunciaran a su dignidad. Emplearon el terror psicológico para que renunciaran a ser personas y se transformaran en caniches.

Aunque pueda parecer increíble, durante el transcurso de los trabajos de derribo, Jaime Almenar le dijo a Juan Bruno que el presupuesto que se había pasado era provisional, y que tendrían que elaborar otro definitivo ¿No es extraño que se dé un plazo de diez días para pagar un presupuesto que es provisional? ¿No confirma esto que la única función del presupuesto inflado era amedrentar a los interesados?

Los hermanos Bruno Espinosa concentran en su historia personal toda la bestialidad de que es capaz del poder público cuando está inspirado. Su caso es un símbolo de la moderna ignominia, que por fortuna ya no es la de los fusilamientos sumarios, ni la de los Consejos de Guerra, ni la de los delitos de opinión. La moderna ignominia forma parte del retroceso democrático que estamos experimentando a ojos vista, en el que el Estado es un gigante que aplasta lo que sea, en especial cuando trama alianzas con el gran capital para desembarcar en una playa virgen a fin de pervertirla, destrozarla, desnaturalizarla o, en su lenguaje, para crear riqueza y empleo.

Cuando entré en la facultad de derecho, el catedrático de romano nos advirtió de que podía robar más y mejor un abogado con su maletín que toda una banda de ladrones pertrechados con armas de fuego. He visto algo así en el caso del restaurante Pepita, en el que el Estado ha rebajado y ha pervertido el derecho hasta convertirlo en un instrumento de manipulación, generando falsas apariencias y creando una escenografía hueca, a fin de conseguir unos fines ilegítimos que quizá guardan relación con el proyecto de paseo marítimo y por lo tanto con la futura destrucción de la playa de la Almardá.

A los hermanos Bruno Espinosa les han hecho de todo. En primer lugar se tramitaron en la zona no uno sino dos deslindes ilegales (con perdón de la reciente sentencia) que no les fueron notificados a ningún vecino. En segundo lugar la recuperación posesoria se dirigió contra personas equivocadas, distintas de los dueños del terreno y el restaurante. En tercer lugar, cuando los propietarios quisieron protestar, no los dejaron hablar. En cuarto lugar no se hizo el menor caso de la solicitud de concesión, aunque se tendría que haber asignado de oficio. En quinto lugar, se les coaccionó ofreciéndoles primero una demolición sin coste (es decir, ofreciéndoles dinero) a cambio de no defenderse. En sexto lugar, se les volvió a coaccionar tratando de infundirles terror con un presupuesto inflado y ficticio y exigiéndoles el pago en diez días, con la misma finalidad. En séptimo lugar, la jefa de costas llegó a los límites de lo moralmente tolerable cuando, creo que temiendo que los recursos demorasen la demolición durante años, se atrevió a incoar un expediente sancionador. Un expediente sancionador por el hecho de que en una parcela de propiedad privada desde mitad del siglo XIX existe un edificio construido antes de la ley de costas. Un expediente sancionador por el mero hecho de existir.

Lo que me queda de todo esto es algo que va más allá de las ruinas de un edificio. Me queda una sensación como si la justicia fuera un cubito de hielo que al principio podía retener en las manos, pero de pronto comienza a fundirse y se me escurre por entre los dedos, dejándome con las manos espantosamente vacías.

La sociedad existe porque quieren sus miembros, porque desean vivir juntos y en paz. La palabra Ayuntamiento significa literalmente ajuntamiento. Pero la sociedad puede también desmembrarse si sus miembros dejan de sentirse cómodos en su seno. Si los miembros de la sociedad se convencen de que vivir en ella no merece la pena, esa sociedad está herida de muerte. Llevamos mucho tiempo escuchando que la paz es un valor supremo, pero no es cierto. La paz es un valor superior, pero no es un valor supremo. La justicia sí lo es. No se puede vivir sin justicia. El Estado, garante de los derechos y libertades, no puede conducirse como una empresa privada, pisoteando la dignidad de las personas como ha hecho con los hermanos Bruno Espinosa.

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