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L M A R © José Ortega, 2007 ANTECEDENTES (MUESTRA DEL CAPÍTULO) LA DIRECCIÓN GENERAL DE COSTAS NOS ENGAÑA He visto mucho, pero solo
sé lo que he visto. Puede que la política de la Dirección General de Costas
sea sensacional porque hayan hecho muchísimas cosas muy bien, y yo no haya
estado delante para admirarme. Puede que los que mandan en Madrid se
mantengan la mayor parte de las veces atentos a los derechos de los
ciudadanos, pero el día que les tocó portarse así yo no estaba. Puede que me
esté equivocando al verter aquí opiniones más cáusticas que el salfumán, pero tengo la tendencia a creer que lo que he
visto y sufrido es una muestra representativa del total, y esa muestra
constituye un panorama catastrófico para los derechos de los ciudadanos y
trasluce la idea de la Dirección General de Costas como un bunker del abuso,
la sinrazón y la manipulación, en el que ciertos ingenieros de caminos,
inmunes a los cambios de gobierno, se perpetúan en la cima y con el tiempo
parecen haber creado una camarilla aparentemente al margen del control político.
He tenido la suerte de
conocer funcionarios e ingenieros de costas muy solventes, muy honestos y
bastante descontentos con la deriva de sus jefes. Por tanto, no es éste un
libro contra una casta o una clase, ni contra un grupo de personas, ni
siquiera contra los jefes de Madrid, sino contra unos hechos. En España se engaña a las
personas haciéndoles creer que el Estado les compensará la pérdida de la
propiedad, cuando un deslinde declara sus bienes dominio público. Se engaña a
las personas haciéndoles creer que determinados proyectos de adecuación
medioambiental tienen que ver con el medio ambiente. Se engaña a las personas
aplicando la ley con criterios inversos dependiendo de quien se trate. Se
engaña a las personas tramitando expedientes de deslinde en secreto para que
nadie se entere, y menos los afectados. En España la ley de costas se ha
dirigido como un cañón de doce pulgadas contra la clase media, dejando al
margen, en casos muy sonoros, a las constructoras y a la gente del dinero en
general. En España se está empleando la ley de costas con una mano para
aplastar a los débiles, y con la otra directamente en contra de los fines
para los que fue creada, es decir, para fomentar la presión turística y
urbanística sobre el litoral. Es importante que esto se
sepa porque en la calle hay un equívoco desafortunado: Si el Estado se mete
con los privilegiados de la primera línea, a la gente le parece de perlas, y
si la cosa termina en derribos, aplaude con entusiasmo. No sabe la gente que
los propietarios de esas viviendas que se derriban pueden haber comprado
después de construirse el edificio de manera escrupulosamente legal, y que lo
más normal es que estén pagando una hipoteca de por vida a cambio de las
cenizas de su antigua vivienda. No sabe la gente que la política de la
Dirección General de Costas está arruinando la vida de las personas. Hay mucho sufrimiento y mucha
desesperación. Soy abogado defiendo a
los ciudadanos contra los abusos y la sinrazón del Estado, pero si alguien
cree que soy un servidor de las empresas inmobiliarias está muy confundido.
Mis clientes suelen ser las víctimas preferidas de la Dirección General de
Costas, es decir, personas de clase media o media baja, o directamente baja,
que de pronto se quedan sin hogar por desatinos diversos que a menudo tiene
que ver con una arrogancia no vista desde tiempos faraónicos. No me gustan los que se pasan de listos
plantando en la playa una casa o un chiringuito y apropiándose de lo que es
de todos. La idea de las playas privadas y acotadas me da alergia y creo que
hay que fomentar y sobre todo defender con uñas y dientes lo público. Pero
esto no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. |